La pena máxima y el régimen probatorio

La pena máxima de un delito suele estar prescrita por la ley correspondiente y puede variar en función del delito específico cometido. 

Para los delitos menores (“misdemeanors”) la pena máxima suele ser de 90 días, 180 días, o 364 días de cárcel. Pero es muy importante aclarar que, para cualquier delito, ya sea felony o misdemeanor, la pena máxima, por lo general, no es el castigo que se impone, aun si se va a juicio, se pierde el juicio y la persona es condenada. Además, cuando se negocian los casos, la meta siempre es evitar la pena máxima, y en muchos de los casos, es lograr un régimen probatorio, en cuyo caso incluso se puede evitar la cárcel, o hacer algún programa de sentencia alternativa.

Para los delitos graves (“felonies”), la pena máxima casi siempre tiene un rango de posibilidades. Los casos que no conllevan una pena de cadena perpetua (“life sentence”), generalmente tienen una opción entre un término bajo, medio y alto. De hecho, para la mayoría de los felonies, las opciones de pena máxima son de 16 meses, 2 años o 2 años, o si no de 2 años, 3 años o 4 años.

 Como con los misdemeanors, la pena máxima de los felonies no quiere decir que ese es el castigo que siempre se va a imponer. También se puede imponer un régimen probatorio, incluso si se va a un juicio, se pierde y la persona queda condenada. Y todo depende de muchos factores, como las circunstancias del crimen, las características de la persona, si tienen o no un récord, o si tienen factores mitigantes (juventud, trastornos de salud mental, consecuencias migratorias, alguna experiencia traumática, dependientes y nexos con la comunidad, empleo o estudio, etc.)

Donde se pone más difícil la situación es con los delitos graves que son serios o violentos, o serios y violentos, conocidos como “strikes,” y sobre todo cuando hay agravantes, como el uso de un arma de fuego, o cuando se ocasiona una grave lesión física, o cuando el código penal dictamina que un régimen probatorio no es adecuado para la ofensa. 

Pero aún, si el cargo es algo que sea castigado por una sentencia máxima de condena a cadena perpetua. Estos casos tienden a comenzar con sentencias de 7 años a vida en prisión, como por ejemplo un secuestro con el propósito de cometer un robo bajo amenaza o fuerza (PC 209(a)). Y de allí las penas continúan incrementando, de 15 años a vida en prisión, de 25 años a vida en prisión, y hasta llegar a vida en prisión sin posibilidad de un régimen probatorio (“life without a posibility of parole), y a la pena de muerte (“capital punishment”). 

Además, hay agravantes que se van acumulando, como por ejemplo, si alguien comete un homicidio en primer grado con un arma de fuego y ya tiene un antecedente por un strike, la sentencia máxima resultante puede ser de 75 años a vida en prisión: 25 a vida por el homicidio en primer grado, más 25 a vida adicionales y consecutivos por el uso del arma de fuego, más otros 25 a vida adicionales y consecutivos por el strike previo.

Pero no hay problema legal que no tenga una posible solución. Y hasta los casos más graves pueden ser negociados, litigados y ganados en un juicio ante un jurado bajo las circunstancias correctas. Pero para eso es necesario tener un excelente equipo legal.